ESTADOS UNIDOS.– Un juez estadounidense suspendió la ejecución de Lisa Montgomery, horas antes de convertirse este martes en la primera mujer a la que las autoridades federales aplicaran la pena capital en casi 70 años.
A Montgomery, de 52 años y encarcelada en la prisión de Terre-Haute, en el estado de Indiana, se le debía administrar una inyección letal el martes por la noche, 16 años después de matar a una mujer embarazada para robarle su feto.
Pero el juez James Hanlon del distrito sur de Indiana ordenó el lunes la suspensión de la ejecución a petición de los abogados de la mujer.
Los letrados justifican su pedido por la salud mental de su clienta, incompatible con la ejecución.
“Las informaciones presentadas (…) contienen muchas pruebas de que el estado mental actual de Montgomery se aleja tanto de la realidad que le impide comprender racionalmente el motivo del gobierno para su ejecución“, justificó el juez.
El magistrado indicó que el tribunal fijará una fecha para otra audiencia destinada a evaluar su salud mental.
En 2004, Montgomery, incapaz de tener un nuevo hijo, identificó a su víctima, una criadora de perros, en internet y acudió a su domicilio en Misuri con la excusa de comprarle un terrier.
En su lugar, la estranguló, le abrió el útero, tomó el bebé -que sobrevivió- y abandonó a la joven de 23 años en un charco de sangre.
Sin negar la gravedad de su crimen, sus defensores pidieron la semana pasada clemencia al presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.
Lisa Montgomery padece trastornos mentales fruto de violaciones en grupo durante su infancia, según los abogados, que pidieron al mandatario conmutar la pena capital por cadena perpetua.
Trump, un firme partidario de la pena de muerte, no respondió por el momento a la petición de la mujer, que debía convertirse en la primera ejecutada por las autoridades federales desde 1953.
10 hombres ejecutados
Desde la reanudación en julio de las ejecuciones a nivel federal en Estados Unidos, tras 17 años de pausa, a diez hombres se les ha aplicado la pena capital en la prisión federal de Terre-Haute, donde cumple condena Montgomery.
“En las últimas horas de la presidencia de Trump, hay una carrera por ejecutar a personas que han estado en el corredor de la muerte durante años o incluso décadas. Es una locura”, denunció en la radio NPR el lunes el senador demócrata Dick Durbin, quien anunció la presentación de un proyecto de ley para detener de nuevo las ejecuciones federales.
Antiguos guardias de la penitenciaría de Terre-Haute, por su parte, han escrito al secretario de Justicia en funciones, Jeffrey Rosen, para pedirle que posponga estas ejecuciones “hasta que el personal penitenciario esté vacunado contra el covid-19”.
Una ejecución requiere que decenas de personas permanezcan en un entorno cerrado, ambiente propicio para la propagación del virus. Por esta razón, los estados estadounidenses han suspendido las ejecuciones durante meses.
El gobierno de Trump ha hecho todo lo contrario y se ha mostrado partidario de proceder con las ejecuciones lo más rápido posible antes de dejar el poder.
“Olor del sudor”
La justicia ya había suspendido la ejecución de Montgomery en noviembre 2020 porque sus abogados habían dado positivo al covid-19.
En un caso de rapidez inusitada, la administración fijó que la ejecución se podría realizar a partir del 12 de enero.
Un juez consideró apresurada la decisión y canceló esa fecha, pero el Departamento de Justicia apeló y ganó.
Helen Prejean, una monja católica conocida por su lucha contra la pena de muerte, se dirigió este fin de semana a los abogados que han “trabajado día y noche” en los últimos meses contra las apelaciones de los convictos federales.
“Puede que no huelan el sudor en la cámara de ejecución” pero son responsables de su muerte al igual que los verdugos, les escribió, pidiéndoles que “digan no” a la ejecución de una mujer y dos hombres una semana antes de que Joe Biden asuma la presidencia del país.
El demócrata, que será investido el 20 de enero, se opone a la pena de muerte y ha prometido trabajar con el Congreso, ahora controlado por su partido, para tratar de acabar con esta práctica a nivel federal.