La comunidad internacional debe exigir a las autoridades iraníes que rindan cuentas por la oleada de violencia que sus fuerzas de seguridad desataron contra manifestantes en el sudoeste de Irán en mayo de 2022 con absoluta impunidad, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
La nueva investigación de la organización —“They are shooting brazenly”: Iran’s militarized response to May 2022 protests— documenta que las fuerzas de seguridad iraníes efectuaron disparos ilegítimos de munición real y perdigones en mayo de 2022 para reprimir unas protestas, en su mayoría pacíficas, por el aumento de los precios de los alimentos y el derrumbamiento de un edificio que causó varios muertos.
Amnistía Internacional verificó la muerte de cuatro personas en relación con las protestas y documentó una constante de heridas de perdigón entre manifestantes y transeúntes, incluidos niños y niñas, que constituyen tortura. Las autoridades impusieron cierres de Internet e interrupciones en la red de telefonía móvil para bloquear la capacidad de la gente de comunicarse entre sí y para ocultar sus delitos.
“En mayo, la gente salió a la calle en ciudades de todo el sudoeste de Irán para protestar contra el aumento de los precios de los alimentos y para exigir justicia para las víctimas del derrumbamiento mortífero de un edificio. La respuesta militarizada de las autoridades puso al descubierto una vez más el absoluto desprecio por la inviolabilidad de la vida humana y las normas jurídicas internacionales sobre el uso de la fuerza y armas de fuego”, manifestó Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Es probable que la indignación legítima de la población de Irán por la corrupción estatal, la inflación, el desempleo, los salarios bajos o impagados y la inseguridad alimentaria, así como la represión política, den lugar a más protestas; y, si no se les obliga a rendir cuentas, las fuerzas de seguridad de Irán continuarán sintiéndose envalentonadas para matar y herir a quienes se manifiestan. Habida cuenta de que las vías nacionales a la justicia están completamente cerradas, Amnistía Internacional, reitera la necesidad urgente de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establezca un mecanismo independiente de investigación y rendición de cuentas para recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas de los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en Irán que posibiliten la interposición de actuaciones judiciales futuras.”
Para investigar el uso ilegítimo de la fuerza por las autoridades, Amnistía Internacional examinó y analizó abundantes imágenes de vídeo, declaraciones oficiales e información de medios de comunicación estatales, y habló con defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas que estaban en contacto con personas y comunidades afectadas.
Uso ilegítimo de la fuerza y muertes documentadas
Amnistía Internacional concluyó que las fuerzas de seguridad iraníes demostraron un absoluto desprecio por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad al reprimir las protestas generalizadas por el aumento de los precios de la alimentación que estallaron en la provincia de Juzestán a principios de mayo y luego se propagaron a las provincias de Chaharmahal y Bakhtiari, ambas en el sudoeste de Irán, entre el 12 y el 17 de mayo.
Las pruebas audiovisuales que examinó el Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de la organización indican que las fuerzas de seguridad dispararon armas cargadas con munición real y perdigones en varias ocasiones durante las protestas.
Al menos tres personas, Behrouz Eslami, Jamshid Mokhtariy Saadat Hadipour, murieron violentamente en las provincias de Chaharmahal y Bakhtiari en relación con las protestas entre los días 14 y 17 de mayo. Una cuarta persona, Hamid Ghasempour, fue herida de gravedad el 13 de mayo, y un residente local informó de que murió poco después, pero Amnistía Internacional no obtuvo información que lo corroborase. Un parlamentario también informó el 15 de mayo sobre la muerte de una persona desconocida en la provincia de Juzestán en el contexto de la protestas por la subida del precio de los alimentos.
La respuesta militarizada de las autoridades puso al descubierto una vez más el absoluto desprecio por la inviolabilidad de la vida humana y las normas jurídicas internacionales sobre el uso de la fuerza y armas de fuego.
Diana Eltahawy, Amnistía Internacional
Aunque una minoría de manifestantes arrojó piedras, provocó incendios y cometió actos vandalismo, las fuerzas de seguridad respondieron con fuera innecesaria o excesiva, lo que impidió a la gran mayoría de las personas que se manifestaron pacíficamente ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica y expresión. En todo el material fílmico examinado por Amnistía Internacional, las personas que se manifestaban no representaban una amenaza inminente de muerte o lesión grave para las fuerzas de seguridad u otras personas, que es el umbral exigido para el uso de medios letales, según las normas internacionales.
En las protestas generalizadas que se celebraron entre el 23 y el 31 de mayo de 2022 en la ciudad de Abadán, provincia de Juzestán, tras el derrumbamiento de un edificio en obras que mató a decenas de personas, las autoridades desplegaron fuerza de forma completamente ilegítima, ya que las protestas eran pacíficas. Entre otras cosas, las fuerzas de seguridad dispararon con escopeta contra la multitud de manifestantes afligidos. En al menos un vídeo examinado por Amnistía Internacional, es probable que los disparos que se escuchan fueran de munición real.
Tortura y otros malos tratos
Las fuerzas de seguridad dispararon ilegítimamente perdigones en ambas protestas, hiriendo a manifestantes y transeúntes. En los vídeos examinados por Amnistía Internacional se aprecia el patrón clásico de rociado de las heridas provocadas por perdigones en la espalda, las nalgas, las piernas o la cabeza de las personas heridas.
Los perdigones son intrínsecamente indiscriminados y están concebidos para causar un daño generalizado que siempre es innecesario y excesivo para lograr objetivos legítimos, y su uso infringe la prohibición de la tortura y otros malos tratos.
En las imágenes examinadas también se ve cómo las fuerzas de seguridad golpean a una mujer y a un hombre inmovilizado, y usan indebidamente gas lacrimógeno y un cañón de agua para dispersar a manifestantes pacíficos.
La comunidad internacional debe tomar medidas para poner fin a los ciclos de derramamiento de sangre en protestas
El uso ilegítimo de la fuerza por las autoridades iraníes durante la represión de las protestas de mayo de 2022 refleja una creciente militarización de la actuación policial en las protestas en años recientes que ha provocado la muerte a cientos de manifestantes y transeúntes, incluidos niños y niñas, y heridas a miles más desde diciembre de 2017.
Ha contribuido a ello la crisis de impunidad sistemática del país, que ha dejado sin investigar y castigar crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios injustificados por las fuerzas de seguridad.
Amnistía Internacional se hace eco de la preocupación del relator especial de la ONU sobre Irán de que, ante la falta de condiciones para garantizar la rendición de cuentas en el ámbito nacional, la comunidad internacional debe responder a las cifras alarmantemente altas de heridos y muertos y cumplir con su importante función de garantizar la rendición de cuentas.