Los diputados de México aprobaron este sábado un proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, para que la Guardia Nacional encargada de la seguridad pública pase a control de la Defensa Nacional, por mayoría simple de 264 votos de la bancada oficialista, de un total de 500 asientos.
«Con 264 votos a favor, 212 en contra y una abstención, fue aprobado en lo general y particular el proyecto que reforma las leyes de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, del Ejército y Fuerza Aérea y los artículos transitorios», informó en un comunicado la Cámara Baja.
Entre los 500 diputados que integran el órgano del Poder Legislativo estuvieron ausentes 23 representantes, y el texto que fue desaprobado por los cuatro partidos de oposición pasó a debate en el Senado, donde se debe consumar el proceso de traspaso legal a la Defensa de la corporación, que fue creada en 2019 para reemplazar a la Policía Federal disuelta.
El presidente del a Cámara Baja, Santiago Creel, líder de la oposición, dijo en su cuenta de Twitter que «como presidente de la Cámara de Diputados procuré durante las más de 12 horas de debate que en todo momento se diera un debate respetuoso y ordenado en el que actué apegado siempre a las reglas y normas parlamentarias».
Debate constitucional
Creel explicó que la reforma legal «no modifica la Constitución», por lo tanto, «para aprobarse, debía contar con la mayoría simple de los presentes (la mitad más uno)».
El presidente de la Cámara Baja dijo en un comunicado que «en esta ocasión mi voto fue en contra de que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)».
Argumentó que «en la Constitución se mantiene el carácter civil de la Guardia Nacional, aunque la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le otorgue a la Sedena tener control sobre ella».
En efecto la Carta Magna mexicana establece que «la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana».
La función encomendada es la «seguridad pública federal (…), y colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios».
Los fines de la GN son «salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades; contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; y salvaguardar los bienes y recursos de la Nación».
El oficialismo también tiene mayoría simple en el Senado y la ley podría ser ratificada.
Sin embargo, desde las elecciones legislativas de 2021, el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados carecen en ambas cámaras de la mayoría calificada requerida para cambiar la Constitución, es decir dos terceras partes de las bancadas.
Esta circunstancia abre la posibilidad de que la oposición en el Congreso vuelva a acudir a la Suprema Corte de Justicia para impugnar una violación a la Constitución.
La corporación cuenta con 115.000 efectivos, procedentes en un 70 por ciento de las policías militares.
El Gobierno y el oficialismo sostienen que las Fuerzas Armadas son la institución que tiene mayor aprobación de la ciudadanía y la menos involucrada en actos de corrupción.
Organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales cuestionan que las Fuerzas Armadas se encarguen de la seguridad pública, y esgrimen graves violaciones a derechos civiles cometidas por militares. (Sputnik)