Un juez estadounidense rechazó este viernes una demanda que había presentado el gobierno mexicano contra grandes fabricantes de armas y en la que pedía US$10.000 millones.
México buscaba responsabilizar a las compañías Smith & Wesson Brands Inc, Sturm, Ruger & Co y Glock y Colt, entre otras, por diseñar armas que, a su criterio, facilitan que sean traficadas a los cárteles de drogas en su país.
El juez federal Dennis Saylor, de Boston, dijo que la ley federal prohíbe “inequívocamente” las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas por que estas caigan en manos de los narcotráficantes.
Saylor dijo que la ley de Protección del Comercio Legal de Armas cubre a los fabricantes de juicios por “los daños causados únicamente por el mal uso, delictivo o ilegal, de armas de fuego (…) realizado por parte de otros cuando el producto funcionaba como estaba diseñado y previsto“.
“Aunque el tribunal siente una gran simpatía por el pueblo de México, y ninguna por quienes trafican con armas para las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir la ley”, escribió Saylor en su sentencia.
La cancillería mexicana dijo de inmediato que apelará la decisión judicial y que “seguirá insistiendo en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas, y que la forma negligente como se venden en los Estados Unidos facilita que los criminales accedan a ellas”.
Cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó la demanda en agosto de 2021, la calificó como un proceso legal “sin precedentes”.
Según datos del ejecutivo mexicano proporcionados en aquel momento, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en el país latinoamericano.
México asegura que las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas contra la población civil y las autoridades.
Según dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, cuando se inició el reclamo, las compañias desarrollan “diferentes modelos para el narco” y la intención del país con la demanda es que “se modifique la actuación de esas empresas” y que implementen estándares para monitorear y, de ser necesario, “disciplinar a sus distribuidores”.
El gobierno mexicano dijo que la demanda es contra las empresas y no contra el gobierno de EE.UU. y sus normas.