El gobierno de México reconoció que el Estado no cumplió con su obligación de garantizar la seguridad de una activista humanitaria que fue asesinada en 2001 y pidió disculpas a sus familiares, dos décadas después de que la Justicia dictara un controversial fallo que decía que la mujer se había suicidado.
“El Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal”, afirmó el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, durante el acto oficial de pedido de disculpas públicas por la muerte de la dirigente Digna Ochoa.
“Tampoco garantizó su acceso pleno a la justicia, por las fallas en la aplicación de los protocolos especializados en la investigación de su caso y las faltas al debido proceso”, agregó el funcionario.
La activista Digna Ochoa murió el 19 de octubre de 2001 tras recibir dos disparos, uno en la cabeza y otro en una pierna, y la justicia mexicana cerró poco después el caso como suicidio.
Disculpas públicas y homenaje
En cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de noviembre pasado, Encinas admitió la responsabilidad del Estado mexicano y ofreció una disculpa pública a los familiares de Ochoa.
En homenaje a la activista, una calle de la Ciudad de México y otra de Misantla, en el estado Veracruz, de donde era oriunda, fueron rebautizadas con su nombre.
La sentencia de la Corte IDH encontró a México “responsable internacionalmente por las graves falencias que tuvieron lugar en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa”.
El tribunal panamericano concluyó que esa muerte se inscribió “dentro de un contexto generalizado de impunidad por los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos”.