Estados Unidos extiende los permisos para personas con lazos en el país y recibirá hasta 30.000 personas de estos países cada mes, pero endurecerá los castigos a quienes entren ilegalmente
La inmigración irregular a Estados Unidos, que batió récords el año pasado, se ha convertido en uno de los flancos por los que la oposición conservadora ha atacado con más fuerza al presidente, Joe Biden. Los republicanos aseguran que el país sufre “una invasión” y quieren procesar políticamente al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Biden ha decidido este jueves tomar nuevas medidas para reforzar el control de la frontera con México y a cambio promete ofrecer nuevas vías de inmigración legal, especialmente a personas que puedan demostrar lazos o arraigo con el país y que procedan de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, según han adelantado altos cargos del Gobierno. El presidente ha anunciado que viajará a El Paso (Texas) este domingo, en su primera visita a la frontera desde que ocupa el cargo.
Biden ha hecho el anuncio el jueves, días antes de que viaje a Ciudad de México, donde se reunirá el lunes y el martes con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. El encuentro de líderes norteamericanos tocará temas como la crisis climática y el desarrollo económico, pero, según el propio Biden, la agenda estará centrada en “fortalecer” la frontera con México. El mandatario evaluará en El Paso (Texas) las operaciones de detención y control fronterizo en una región que declaró una emergencia ante la creciente llegada de inmigrantes sudamericanos a finales de diciembre. “Sé muy bien que la migración está elevando la tensión en las comunidades fronterizas”, ha dicho Biden desde la Casa Blanca.
El Gobierno asegura que el nuevo paquete de medidas no tiene precedentes. Una de las iniciativas estrella es la extensión del proceso que permite a personas radicadas en Estados Unidos solicitar en nombre de un ciudadano de Venezuela que entre en el país si demuestra que se cuenta con los medios de vida o el apoyo local necesario para subsistir. Esa medida se extiende ahora a los nacionales de Nicaragua, Haití y Cuba. “Hasta 30.000 personas al mes de estos cuatro países, que tengan un patrocinador que reúna los requisitos y superen los controles de antecedentes, podrán venir a Estados Unidos por un periodo de dos años y recibir autorización para trabajar”, señalan fuentes del Gobierno. Quienes se acojan a este programa serán sometidos a una investigación de antecedentes y deberán estar vacunados.
Biden ha explicado que esta solicitud debe iniciarse fuera de Estados Unidos y seguirse a través de una aplicación de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés). Una de las condiciones es que los ciudadanos extranjeros que ponen en marcha el proceso no crucen ilegalmente la frontera. “Si la petición es denegada o intentan cruzar ilegalmente, serán devueltos a México y no serán elegibles para este programa en el futuro”, aseguró. México ha aceptado el retorno de hasta 30.000 personas al mes de estos cuatro países. Este castigo también es extensible para quienes crucen ilegalmente las fronteras de Panamá y México. “El mensaje es claro. Las personas deben quedarse donde están y comenzar el proceso allá”, ha añadido Mayorkas.
El secretario de Seguridad Nacional ha desvelado las claves de la política migratoria de la Administración Biden cuando se levante el Título 42, la medida sanitaria impuesta por el expresidente Donald Trump durante la pandemia que permite expulsar rápidamente a inmigrantes. El ministro ha dicho que las peticiones de asilo humanitario deberán ser tramitadas en una aplicación y tendrán que solicitarse de forma anticipada una cita para presentarse en una aduana. “Quienes utilicen este proceso podrán ser elegibles para permisos de trabajo mientras estén en EE UU”, asegura. Además, el Gobierno planea acoger hasta 20.000 refugiados de países latinoamericanos y caribeños durante los años fiscales 2023 y 2024.
Mayorkas ha asegurado que para reducir el flujo de inmigrantes que llega a la frontera con México se endurecerán los castigos. Quienes lleguen sin cumplir los procesos o no puedan defender sus peticiones de asilo serán expulsados “rápidamente” y se les prohibirá la entrada a Estados Unidos por cinco años.
El anuncio de Estados Unidos ha sido bien recibido por México, que considera que el programa de permisos humanitarios para los venezolanos ha funcionado bien, pues los cruces irregulares diarios han disminuido un 94% desde que se puso en marcha en octubre pasado. Pasaron de más de 1.500 a menos de 100. La cancillería mexicana asegura que el anuncio de Washington permitirá una inyección de mano de obra sin precedentes a la región. “Esto representará un total de 360.000 personas durante 2023, la mayor expansión en materia de movilidad laboral en la historia moderna de Estados Unidos”, incida en un comunicado Relaciones Exteriores.
Título 42
A pesar de ser una herencia de Trump, Biden se ha visto obligado a echar mano del Título 42 para desahogar la frontera. Su Administración ha tratado de derogarla sin éxito. “No me gusta el Título 42, se irá algún día y tendremos que usar otras medidas”, ha dicho el mandatario. En una decisión reciente, el Tribunal Supremo ha decidido mantenerla cautelarmente en vigor. El presidente aventuró que la medida puede estar vigente hasta junio. Su visita a El Paso estará enfocada en comprender la dinámica que el Título 42 tendrá en los 3.000 kilómetros de frontera en los próximos meses.
Altos cargos del Gobierno de Biden aseguran que todas estas medidas servirán para aumentar la seguridad en la frontera y reducir el número de personas que cruzan ilegalmente, al tiempo que ampliarán y agilizarán las vías legales para la migración ordenada.
La Administración aumentará los recursos para la frontera y está ampliando sus operaciones de lucha contra el contrabando. “Es importante destacar que las medidas anunciadas hoy se están aplicando en estrecha colaboración con México y los gobiernos de todo el hemisferio occidental. Aunque estas medidas ayudarán a resolver algunos de los problemas más graves de la frontera suroeste, no solucionarán todos los problemas de un sistema de inmigración que lleva demasiado tiempo sin funcionar”, señalan altos cargos del Gobierno, que contraatacan las críticas republicanas: “Eso solo puede ocurrir si los republicanos del Congreso, que se han pasado los dos últimos años hablando de seguridad fronteriza, dejan de bloquear la reforma integral de la inmigración y las medidas de seguridad fronteriza que el presidente Biden propuso en su primer día en el cargo, y de oponerse a los miles de millones de dólares en fondos adicionales que el presidente ha solicitado para la seguridad y la gestión de las fronteras”. “A diferencia de algunos republicanos que juegan a juegos políticos y obstruyen soluciones reales para arreglar nuestro sistema de inmigración roto, el presidente Biden tiene un plan y está tomando medidas”, añaden.