Persisten los altos niveles de impunidad en los casos. Segob registró 632 ataques verbales y físicos contra periodistas entre el 2012 y 2021. De esta cifra, casi la mitad (47%) provino de servidores públicos.
En México, los periodistas deben recurrir a la autocensura, sufren de desacreditación por autoridades, ataques físicos y cibernéticos, hostigamiento e intimidación, lo que limita la capacidad de los medios para investigar, según el Country Reports on Human Rights Practices de 2022, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Según el reporte del documento, aunque en el país los medios expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones, a menudo los periodistas mexicanos se autocensuran por temor a las represalias que pueden sufrir de funcionarios y grupos criminales transnacionales; además de que, según organizaciones no gubernamentales, se registraron 15 asesinatos hasta septiembre del año pasado.
Por su parte, el informe rescató que Artículo 19 dio a conocer el registro de 331 ataques en contra periodistas entre enero y junio de 2022, entre los que cerca de la mitad fueron contra reporteros que cubrían temas de corrupción política.
La Secretaría de Gobernación tuvo una cifra de 632 ataques verbales y físicos registrados en contra periodistas entre el 2012 y 2021. De este total, casi la mitad (47%) provino de servidores públicos.
También, el documento indicó que los políticos, entre los que señalaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, desacreditaron y criticaron públicamente a los reporteros, con el fin de presentarlos como parciales, partidistas y corruptos.
El informe mostró que, en tema de violencia y acoso, los altos niveles de impunidad, en ataques y asesinatos contra reporteros que cubrían temas como crimen, corrupción y política, dieron lugar a una reducción de la libertad de prensa y expresión.
En el tema de censura o restricciones de contenido, el informe estadounidense informó que los grupos de derechos humanos y defensa a la libertad de expresión detallaron que algunos gobiernos locales censuraron a los medios; además de que, pese a las reducciones en los presupuestos publicitarios, el Gobierno continuó teniendo influencia e impacto financiero en compañías de comunicación.
Por otro lado, indicaron que no existen leyes penales contra la difamación o la calumnia, pero nueve estados tienen leyes penales con respecto a estos actos.
En cuatro estados se persiguen delitos de difamación e injurias, con penas de tres días a cinco años en prisión y multas por difamación o calumnias. En cinco entidades, la calumnia es punible y 25 estados tienen leyes de protección a las autoridades de supuestos insultos.
Violaciones de Fuerzas Armadas
En el Country Reports on Human Rights Practices 2022, también se detalló sobre homicidios ilegítimos o arbitrarios, desaparición forzada, tortura, penas crueles, tratos inhumanos, detenciones arbitrarias, entre otras violaciones, por parte de fuerzas policiacas, el Ejército y otros funcionarios gubernamentales.
En el informe, se destacaron los casos del asesinato, en abril por miembros de la Guardia Nacional, contra un estudiante en Guanajuato y en el que resultó herido otro joven; y el asesinato, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en agosto de 2022, a una menor de cuatro años y las lesiones contra su hermano en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
También, el documento estadounidense reportó que, entre enero y agosto del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió siete denuncias que acusaron a agentes del Gobierno (entre las que se incluyeron a tres elementos del Ejército y tres de la Fiscalía General de la República) por desapariciones forzadas.
En el caso de tortura, tratos inhumanos o degradantes, penas crueles y otro tipo de abusos, se reportó que la CNDH registró 32 denuncias por tortura y 94 por detenciones arbitrarias. De estas denuncias, 43 fueron contra miembros de la Guardia Nacional, 37 contra miembros de la Fiscalía General, 24 contra la Secretaría de la Defensa Nacional y 17 contra la Secretaría de la Marina.
Buscan garantizar seguridad social a comunicadores
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, aseguró que el presupuesto para el siguiente año contará con los recursos suficientes para el programa piloto del gobierno federal que busca otorgar seguridad social a periodistas.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro añadió que, próximamente, las y los diputados discutirán la derogación de algunos artículos de la Ley de Comunicación Social para que estados y municipios tengan la libertad de manejar, con transparencia, el presupuesto en materia.
Mier Velazco señaló que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2021, en el país 41,113 personas se dedican al periodismo y cerca de 15% trabajan de forma independiente.
Por ello recordó que el Gobierno Federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), implementó un programa piloto para incorporar a la seguridad social, hasta 2024, a 8,000 comunicadores y comunicadoras.
Por lo anterior, el líder de la fracción de Morena se comprometió a que en el Presupuesto 2024 contemplará la incorporación de periodistas independientes a la seguridad social, mismo que incluye seguros de enfermedades y maternidad; de vida, de retiro, de riesgos de trabajo, así como atención médica, farmacéutica y hospitalaria, entre otros beneficios.
Y es que subrayó que tales recursos son importantes para salvaguardar los derechos laborales de las y los periodistas mexicanos, por lo que aseguró que el Presupuesto 2024 garantizará recursos suficientes para que cuenten con seguridad social.
Partimos de un derecho constitucional: el derecho que tiene la gente a estar informada, y para que pueda ejercer ese derecho debe haber medios de comunicación y para ello debe haber periodistas”, dijo.
Asimismo, informó que en los próximos días en la Cámara de Diputados se discutirá la derogación de algunos artículos de la Ley General de Comunicación Social, a fin de que cada municipio y cada estado tenga la libertad y el libre albedrío de manejar, de forma transparente, su presupuesto en materia.