En su artículo “México necesita una regla fiscal”, publicado en el periódico El Financiero, Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA México, plantea la importancia de un análisis sobre el paquete económico que permita la posibilidad de considerar una regla fiscal que, entre otras medidas, establezca criterios y reglas para garantizar una política fiscal más efectiva.
Serrano destaca que el paquete fiscal 2024 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el último del actual gobierno federal, hace indispensable considerar la necesidad de una “regla fiscal”. El documento reporta un déficit público de 4.9% del PIB para el próximo año y advierte que de lograrse sería “el más alto desde 1990”. Y hace énfasis en que más allá de satanizarlos, podrían ser “una política pública adecuada que permite enfrentar situaciones adversas o financiar proyectos de infraestructura de largo plazo”.
Para el economista el paquete fiscal 2024 es muy realista al plantear un crecimiento del PIB entre 2.5% y 3.5% por encima de una tasa potencial de alrededor de 2% que se reflejará en una política fiscal procíclica.
Serrano explica que el siguiente sexenio el gobierno federal en turno deberá proponer un paquete fiscal que apunte a una consolidación fiscal para reducir el déficit en 2025
De acuerdo con Serrano es oportuno “incurrir en un déficit en épocas de vacas flacas: cuando hay debilidades en la demanda agregada o caídas en los precios de materias primas que exporta un país (en nuestro caso, el petróleo), con el fin de evitar contracciones excesivas en la actividad económica”.
Sin embargo, advierte que no es una buena medida cuando la economía lleva una trayectoria por encima del potencial o existe un incremento en los precios de los productos que se exportan, “se deben buscar superávits” y explica que dentro de un ciclo económico el principal objetivo es que déficits y superávits “se cancelen de tal manera que la deuda como porcentaje del PIB permanezca estable”.
Asimismo, el responsable de BBVA Research México detalla que el planteamiento de un déficit para 2024 es preocupante debido a que se propone en un año en donde se prevé que el crecimiento económico no será débil y porque este déficit no está considerado para una mayor inversión pública, un 70% está estimado para gasto corriente, “lo cual no constituye una práctica sana al no contribuir a incrementar el potencial de la economía”.
Serrano anticipa que la peor preocupación es porque se tendrá un déficit primario que significa que los ingresos fiscales no cubrirán los gastos en su totalidad y aunado a esto se propone este déficit en un período de tasas de interés más altas que “puede complicar la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo”. Por eso considera que la decisión que debió tomarse es “contraer deuda en épocas de tasas bajas para construir infraestructura”, aun cuando no es la primera vez que sucede, pues el autor destaca que son acciones comunes en los años electorales o cuando se estima crecer por encima del potencial. Además de la vulnerabilidad que deja una política procíclica, Serrano explica que el siguiente sexenio el gobierno federal en turno deberá proponer un paquete fiscal que apunte a una consolidación fiscal para reducir el déficit en 2025.
Anticipa que la peor preocupación es porque se tendrá un déficit primario que significa que los ingresos fiscales no cubrirán los gastos en su totalidad
De existir una recesión en Estados Unidos que también genere una en México, o bien los precios internacionales del petróleo tengan una caída, “la próxima administración y considerando también que los fondos para emergencias se han extinguido, no tendrá margen de maniobra para hacer frente a esas situaciones”. Por lo que el economista estima que el déficit sería mayor, la deuda crecería y con ello México estaría en una situación vulnerable.
Serrano finaliza su análisis haciendo énfasis en la importancia de contar con reglas claras que permitan políticas fiscales contracíclicas y evitar que la política tenga alguna injerencia en la “posición fiscal” y con ello no se utilice la deuda pública para infraestructura y no para gasto corriente.