🔸 La presidenta afirmó que el caso contra Grupo Salinas responde a un proceso legal de años y aclaró que, tras desecharse los recursos del consorcio, tocará a Hacienda explicar los pasos que siguen para garantizar el pago de más de 33 mil millones de pesos.

 

 

#NACIONAL | La presidenta Claudia Sheinbaum no se anduvo por las ramas. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Grupo Salinas deberá pagar 33 mil 306 millones de pesos por adeudos fiscales más intereses, la presidenta dejó claro que no hay persecución, solo legalidad.

“Si paga, bueno, ahí se resuelve el asunto. Si no paga, entonces tiene que venir una serie de procedimientos que son parte de un proceso jurídico que tiene que cumplirse”, declaró en su conferencia matutina de este viernes 14 de noviembre en Palacio Nacional.

 

Desde el Salón Tesorería, la mandataria federal leyó el comunicado de la Corte y reiteró que el fallo no es un capricho: “Finalmente la Corte hoy lo que dice es ‘desechamos los recursos que presenta este grupo empresarial’”.

Sheinbaum respondió directamente a las acusaciones de Ricardo Salinas Pliego, quien aseguró que hay una “consigna política” en su contra tras conocerse el fallo que afecta a Elektra y TV Azteca.

 

“El argumento es que hay un autoritarismo, que hay una acción política, que hay una consigna en la Corte (…) y no, la Corte resuelve que no es procedente lo que presenta este grupo empresarial”, sostuvo la presidenta.

De paso, recordó que este litigio no es nuevo ni relacionado con su gobierno ni con el de AMLO. “Son créditos fiscales muy antiguos, correspondientes a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013”, explicó. Y remató: “Ni siquiera son de cuando inicia la Cuarta Transformación”.

 

Sheinbaum subrayó que este caso ya había pasado por varias instancias que dieron la razón al SAT: “Todos estos tribunales dijeron ‘no tienes razón, tiene razón la autoridad fiscal’”. Por lo tanto, afirmó, la Suprema Corte simplemente hizo lo suyo.

“Los ministros consideraron que los recursos no debieron admitirse a trámite porque los temas discutidos ya han sido resueltos previamente (…) y no presentan cuestiones nuevas ni de relevancia constitucional”, explicó.

Además, adelantó que pedirá a la Secretaría de Hacienda que explique públicamente los procedimientos que siguen en este caso. “Con estas resoluciones la Suprema Corte reafirma su compromiso con la legalidad, la certeza jurídica y la correcta aplicación de las normas en materia fiscal”, concluyó.

 

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